PACHUCA DE SOTO, 19 AGO/NEWS HIDALGO/.- Alcalde de Tula de Allende fue vinculado a proceso por uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial encargada del maxiproceso de la Estafa Siniestra consiguieron la vinculación a proceso para una persona de iniciales M. H. B., por uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado, en agravio de la administración pública del ayuntamiento de Tula de Allende.
Las indagatorias que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) realiza contra el
alcalde de dicho municipio, transcurren a partir de una denuncia por haber autorizado en 2021, a nombre del
ayuntamiento de Tula de Allende, la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos que en suma
representan un gasto superior a los 60 millones de pesos.
Dichos contratos se firmaron con la finalidad de adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios,
servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva
mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático, lo anterior para atender las consecuencias
de la inundación que sufrió el municipio.
Con base en lo anterior, el Ministerio Público se allegó de datos de prueba contra M. H. B., y solicitó la orden
de aprehensión, misma que fue otorgada por la autoridad judicial y posteriormente ejecutada por elementos
de la Agencia de Investigación Criminal, el pasado lunes 14 de agosto.
Luego de su aprehensión, el alcalde fue puesto a disposición de un juez de control, autoridad ante la que en
audiencia inicial, esta representación social formuló imputación por hechos que la ley sanciona como uso
ilícito de facultades y atribuciones, agravado, sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término
constitucional de 144 horas, para que se resolviera su situación legal.
En la continuación de la audiencia, que comenzó hoy a las 10:00 horas, el juez de control dictó el auto de
vinculación a proceso para M. H. B., e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y
estableció un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
