A menos de un año de que concluya su administración, al presidente municipal de San Agustín Tlaxiaca, Mario David Medina Hernández, le ha entrado una repentina y voraz prisa por “recaudar”. Cuando el tiempo se agota y las maletas del trienio comienzan a prepararse, suele aparecer la verdadera faz de los gobiernos: esa que cambia la vocación de servicio por la búsqueda desesperada de caja chica para fines que huelen más a campaña y retiro que a beneficio público.

San Agustín Tlaxiaca no es cualquier municipio. Su dinamismo económico y social está íntimamente ligado a la educación superior. Miles de jóvenes universitarios acuden diariamente a sus aulas en instituciones de alto prestigio como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), La Salle, entre otras. Alrededor de esta comunidad estudiantil ha florecido, de forma orgánica y generacional, una red de apoyo local: vecinos que acondicionan un cuarto, una planta o una pequeña propiedad para ofrecer alojamiento a estudiantes que vienen de otros municipios y estados a buscar un futuro.

Sin embargo, para el gobierno municipal de Medina Hernández, estos hogares no representan un esfuerzo comunitario ni una fuente de sustento familiar; representan un botín.

A través del Director de Reglamentos y Espectáculos, Aldair Hinojosa Olvera, la administración municipal ha desplegado una campaña de hostigamiento contra los dueños de estas viviendas. Con tácticas que los propios afectados no dudan en comparar con métodos de corte inquisitorial —casi de una «Gestapo» de barrio—, inspectores municipales recorren colonias y fraccionamientos haciendo indagatorias veladas, preguntando a vecinos y fisgando fachadas para detectar a cualquiera que ose rentar una habitación a un universitario.

El modus operandi es tan burdo como amenazante: tras la «investigación», los inspectores arriban a los domicilios a pegar notificaciones y amagos directamente en los accesos. La sentencia del municipio es clara y recaudatoria: primero, una multa exorbitante de 6 mil pesos por una supuesta «operación ilegal»; acto seguido, el cobro obligatorio de otros 3 mil pesos para expedir una recién inventada «licencia de funcionamiento como servicio de hospedaje».

¿En qué momento la renta de un espacio privado en una zona habitacional se convirtió en un complejo hotelero sujeto a licencias comercializadoras? La respuesta no está en el derecho ni en el ordenamiento urbano, sino en la necesidad de extraer recursos a costa de las familias locales y, por rebote, del Bolsillo de los propios estudiantes, sobre quienes inevitablemente se trasladarán estos costos.

El descontento social ya es efervescente. En localidades emblemáticas como Tilcuautla, la indignación ha sobrepasado el murmullo de pasillo y los vecinos ya comienzan a organizarse para poner un alto a lo que consideran un acoso arbitrario e ilegal.

Mario David Medina Hernández parece olvidar que el poder es prestado y que los abusos de última hora dejan huellas imborrables. Pretender exprimir a la comunidad universitaria y a las familias que la sostienen, justo en el ocaso de su mandato, no es gobernanza: es sacar las uñas. Y cuando un pueblo organizado decide frenar los excesos de sus autoridades, no hay «Gestapo» municipal que alcance para detener la exigencia de justicia.