Municipios

Servidores públicos de Tulancingo deberán actualizar su declaración patrimonial

TULANCINGO DE BRAVO, 07 MAY/News Hidalgo/.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría Municipal de Tulancingo atenderá el proceso de rendición de declaración de situación patrimonial y de intereses, el cual prevé culminarse en la última semana de mayo.

Más de mil 200 servidores públicos de todos los niveles de la administración municipal, deberán cumplir con este trámite obligatorio con el cual se tiene un referente de la situación patrimonial de los funcionarios y así evitar actos tanto de corrupción como opacidad en el manejo de los recursos públicos.

Edgar Alejandro Tenorio Pastrana, Contralor Municipal dijo que por disposición de ley, el mes de mayo es el periodo asignado para cumplir con la rendición de declaración en la cual también se incluyen organismos descentralizados como Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio y el Sistema DIF.

En mayo del 2020 se presenta la declaración modificatoria, en virtud de que existe una previa.

La modificatoria tiene como objetivo plasmar algún cambio que haya acontecido en el ejercicio anterior (2019).

Las modificaciones pudieran versar en la adquisición o venta de bienes, la contratación o saldo de deudas, el nacimiento de nuevos dependientes económicos, entre otros.

En virtud de que la declaración de situación patrimonial se efectúa bajo formato electrónico, la contraloría capacito a 11 enlaces cuya encomienda es conformar los paquetes de cada secretaria y remitirlos al órgano de control.

Cabe mencionar que la declaración de situación patrimonial tiene tres momentos. El primero denominado declaración inicial (dentro de los 60 días siguientes al inicio de un cargo en la administración pública).

El segundo momento, es la modificación cada mes de mayo y la ultima en un plazo de 60 días posteriores a la conclusión del cargo municipal

La Contraloría Municipal es la instancia encargada de vigilar la evolución patrimonial de los servidores públicos y la facultada para resguardar esta información en caso de ser requerida por alguna instancia u autoridad.

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