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Presenta la Diputación permanente nueve iniciativas de reforma

PACHUCA DE SOTO, 12 AGO/News Hidalgo/.- Este miércoles se llevó a cabo la sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo, que preside el diputado morenista José Luis Muñoz Soto, y en la cual se registraron iniciativas para restringir el consumo de bebidas y alimentos azucarados en menores de edad, así como modificar la Ley de Presupuesto y Contabilidad de la entidad.

PROHIBIR ALIMENTOS AZUCARADOS

La primera iniciativa en materia de alimentación adecuada, fue por los diputados morenistas, Rafael Garnica Alonso y José Luis Muñoz Soto, quienes plantearon añadir la fracción XXII al artículo 13 y el Capítulo Vigésimo Segundo y se reforman los artículos 49 fracción VIII, 102 fracción I y 108 fracción III de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo; reformar los artículos 40 fracción XXI y 80 fracción VI de la Ley de Educación; así como agregar el artículo 3 Bis de la Ley de Salud.

Muñoz Soto dijo que la iniciativa tiene por objeto en prohibir la venta de bebidas y alimentos azucarados y de alto contenido calórico en la población menor de edad y establecer que “toda niña, niño y adolescente tiene derecho a una alimentación nutritiva en cualquier espacio público, privado o social, ya sea en el hogar, institución educativa o institución de asistencia social o de salud, eliminando las formas de malnutrición.

En tanto, la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Morena, Lisset Marcelino Tovar, consideró necesario adicionar el capítulo vigésimo segundo, los artículos 100 BIS 7 y 100 BIS 8 y la fracción XXII del artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo. se reforma el artículo 185 y se adiciona el artículo 21 BIS de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, relativos al establecimiento del derecho a una alimentación adecuada.

“Esta iniciativa busca incidir en los aspectos controlables de regulación sanitaria, que tienen que ver con proporcionar un mejor control sobre el ambiente “obesogénico” (que favorece el desarrollo de obesidad o que estimula hábitos) de nuestro estado, mismo al que están expuestos cada día, cientos de miles de niñas, niños y adolescentes y que ha normalizado el acceso a una alimentación poco nutritiva y completa, que atenta contra sus derechos fundamentales”, justificó.

Por su parte, Raymundo Lazcano Mejía, Noemí Zitle Rivas y Salvador Sosa Arroyo, promovieron una iniciativa para adicionar el Capítulo Octavo Bis denominado del Derecho a la Sana Alimentación que contiene el artículo 48 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Hidalgo.

Se pretende incluir que, con la finalidad reducir las enfermedades derivadas de la incorrecta nutrición, quedará prohibida la distribución, venta y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en la entidad; la distribución, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en Instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Así como la venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones públicas y privadas de educación básica y media superior.

Los legisladores morenistas, Susana Araceli Ángeles Quezada y Víctor Osmind Guerrero Trejo, promovieron una iniciativa para adiciona la fracción XIX al artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Hidalgo.

Se pretende establecer, afirmó Guerrero Trejo, que la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, conforme a la Normal Oficial Estatal que para efecto establezca la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo.

Además, la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior; así como la venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.

MODIFICAR LEY DE PRESUPUESTO

Durante los trabajos de la Diputación Permanente, las y los diputados Claudia Lilia Luna Islas, Areli Rubí Miranda Ayala, María Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguíluz, Jazmín Calva López, Viridiana Jajaira Aceves Calva, José Luis Espinosa Silva, Marcelino Carbajal Oliver Y César Ismael Soto Llaguno, plantearon adicionar el artículo 38 BIS de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del estado de Hidalgo.

En dicha adición se establecería que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica las asignaciones correspondientes a la movilidad saludable, segura, sustentable y solidaria, previéndose que del total de los recursos destinados a la Inversión Pública, salvo los recursos de las fuentes de financiamiento que por normatividad no sea aplicable, se incluya un porcentaje para proyectos de inversión técnica y normativamente factibles y socioeconómicamente rentables.

Se mencionó que, “dichos proyectos deberán presentarse en términos del artículo 23 de la presente ley. El Estado, a través de los conductos competentes, podrá gestionar recursos provenientes de la Federación, para impulsar proyectos de movilidad sustentable”.

La diputada Miriam del Carmen Candelaria García propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 7 y se adiciona el artículo 7 bis de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, con el objetivo de garantizar la seguridad física, psicológica, emocional, así como la protección de los derechos de los adultos mayores del estado de Hidalgo.

Dijo que, “el maltrato hacia este sector daña también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral representa un costo económico considerable. Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian”.

La legisladora morenista, Jazmín Calva López, solicitó adicionar la fracción XXII, recorriéndose la actual, del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, para establecer “Presupuestar e instrumentar programas de apoyo en favor de agricultores medieros y campesinos sin tierra que rentan a pequeña escala, para desarrollar su potencial productivo y mejorar sus condiciones de vida en el campo”.

De la misma forma, las diputadas morenistas, Ángeles Quezada y Lisset Marcelino Tovar, promovieron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de acceso a la información y protección de datos personales, mediante el cual se reforman los párrafos tercero y quinto; y fracciones II y III del párrafo cuarto; y se adicionan los párrafos cuarto, séptimo, octavo y décimo primero al décimo 12 cuarto; y se recorren los párrafos cuarto, sexto y séptimo para ser los párrafos quinto, noveno y décimo, del artículo 4 bis de la Constitución Política del estado de Hidalgo.

Lo anterior para establecer que “El derecho a la información y de protección de datos personales serán garantizados por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión”.

Asimismo, Ángeles Quesada y el diputado independiente, Crisóforo Rodríguez Villegas, presentaron una iniciativa para adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, a fin de actualiza la denominación de la Comisión que se describe, pues actualmente, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, dispone que la denominación es la de Primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción.

 

 

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