PACHUCA DE SOTO, 28 NOV /NEWS HIDALGO/.- México enfrenta una de las crisis de derechos humanos más profundas de su historia: la desaparición de personas, un fenómeno que, lejos de ser reciente, hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, pero que en los últimos años ha adquirido dimensiones aún mayores, explicó Edgar Portillo Ángeles, estudiante de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
La población enfrenta hoy un aumento preocupante en el número de personas desaparecidas, debido a que la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y a la política ocupa un lugar central en la agenda pública. Aunado a ello, la falta de inversión en el sector agrícola, las políticas antidrogas y la disputa territorial por parte del crimen contribuyen también a esta alarmante situación.
Explicó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de 2006 a la fecha, en el estado de Hidalgo se han reportado más de siete mil casos, de los cuales mil 664 personas que aún se buscan y mil 344 han sido encontradas; de estas últimas, 966 halladas con vida y 378 sin vida. Del universo total, alrededor de un tercio, es decir, dos mil 472 desapariciones, se han registrado únicamente de 2024 al día de hoy.
Dentro de este contexto, precisó que los municipios con mayor número de incidentes en la entidad son Pachuca de Soto, con 483; Mineral de la Reforma, 255; Tizayuca, 242; Tulancingo de Bravo, 214; y Tula de Allende, 116. Asimismo, señaló que el 66% de las mujeres reportadas corresponden al rango de 10 a 24 años de edad, mientras que en los hombres de la misma edad representan el 34%.
La complejidad actual, alimentada por la violencia criminal, la impunidad y los cambios sociales, da lugar a un escenario en el que miles de personas tienen que buscar a sus seres queridos frente a un aparato institucional insuficiente, lo que convierte el proceso en una incertidumbre prolongada y las lleva a asumir protagonismo en las labores de búsqueda ante la ineficacia de las autoridades, aún con los riesgos que esto implica.
“Ante la falta de respuesta por parte del Estado, las familias, en su mayoría mujeres, han creado redes y colectivos fuertes para llevar a cabo las labores de rastreo e identificación, especializándose en ámbitos jurídicos, de investigación de campo, derechos humanos, forense, entre muchos otros”, explicó el estudiante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu).
De esta manera, declaró que el papel de las universidades consiste en escuchar a los familiares de las víctimas, a los colectivos y a las comisiones de búsqueda, a fin de vincular a la comunidad académica y estudiantil para dar un acompañamiento desde las distintas áreas de conocimiento para ofrecer apoyo y contribuir a la justicia. “Esta crisis requiere sensibilización, empatía y respuestas por parte de la sociedad”, puntualizó Edgar Portillo.
