PACHUCA DE SOTO, 03 DIC /NEWS HIDALGO/.- Ante la creciente violencia y la percepción de inseguridad, la discusión sobre la pena de muerte en México emerge con más fuerza. “Aunque su abolición quedo establecida en compromisos internacionales, diversos sectores de la población la consideran una posible respuesta ante los delitos graves que afectan al país”, mencionó Asael Ortiz Lazcano, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El docente del área Académica de Sociología y Demografía indicó que la pena de muerte ha acompañado a las sociedades desde su transición a la vida sedentaria, donde culturas como la griega, la romana o la mexica la implementaban como sanción común. En México, pese a no encontrarse documentada en las primeras constituciones, su aplicación estaba vigente, aunque limitada a no utilizarse en asuntos políticos.
“La constitución de 1917 planteó que esta práctica fuera exclusiva del ámbito militar, a pesar de estar considerada, los jueces optaban por otros castigos, a finales de 1970 que muchos países comenzaron su abolición, lo que influyó en la postura de México. Fue hasta 2005 que la presión de organismos internacionales impulsó su cancelación y la promesa de no reinstaurarla, sin embargo no fue una decisión social, o derivada de una demanda ciudadana”, agregó.
A nivel internacional, la pena capital aún se utiliza en más de 50 países, principalmente en Asia o África, donde su aplicación varía según el contexto social. Mientras que en algunos lugares se opta por una aplicación inmediata tras determinar la culpabilidad, en otros sistemas de justicia las personas condenadas pasan largos periodos en “el corredor de la muerte”, medida que aunque busca preservar los derechos humanos, tiene un fuerte impacto psicológico.
Para profundizar más acerca de la percepción que se tiene de la pena de muerte en la entidad hidalguense, Ortiz Lazcano realizó una serie de encuestas, cuyos resultados arrojaron que a pesar de su abolición, la pena de muerte es respaldada por una proporción significativa de la población, pues la consideran una posible solución ante delitos como violaciones, especialmente contra menores de edad, secuestro, homicidios violentos y corrupción.
Del mismo modo, este estudio mostró que el apoyo a esta medida es mayor entre personas con escolaridad media, hombres entre los 18 y los 50 años, además de una mayor prevalencia en mujeres adultas del sector laboral. Dicho panorama muestra el rechazo de la ciudadanía hacia penas “benignas”, prefiriendo la pena de muerte como herramienta de contención a la violencia, aún con el riesgo de que se aplique incorrectamente.
Asael Ortiz refirió que el resurgimiento de esta postura refleja la preocupación del contexto actual. Asimismo, advirtió que las nuevas generaciones serán las que afronten el reto de construir un modelo social en el que la justicia no dependa de medidas extremas. “Nuestra labor es generar conciencia, promover alternativas y formar profesionales capaces de generar soluciones integrales frente a la violencia”, concluyó.
