PACHUCA DE SOTO, 31 DIC/NEWS HIDALGO/.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo declaró inconstitucional el gravamen aplicado durante la administración del expresidente municipal de Progreso de Obregón Armando Mera.
Durante la celebración de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo del municipio de Progreso de Obregón, se autorizó el Convenio Fiscal PRO-01-121-2025, celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa Cal de Apasco S.A. de C.V., con el objeto de establecer el pago del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
Dicho convenio deriva de la demanda interpuesta por dicha empresa, en contra de la administración municipal anterior, al considerar que las tasas y bases gravables aplicadas durante los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, bajo el gobierno encabezado por el expresidente Armando Mera, resultaron ser inconstitucionales.
Lo anterior fue determinado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, en su resolución final de fecha 06 de febrero de 2025, dentro del expediente 73-2022, en el cual se ordena al municipio la devolución de las cantidades pagadas por el contribuyente durante el ejercicio fiscal 2022, así como la instrucción expresa de no volver a aplicar las tasas y bases gravables declaradas inconstitucionales.
Esta resolución representa un daño al erario público por un monto de cuatro millones 700 mil pesos, recursos que dejarán de ser destinados a obras y acciones en beneficio de la ciudadanía.
Ante esta situación, las y los integrantes del cabildo de la fracción de oposición, solicitaron formalmente a la presidenta municipal, Lorena Estrada Flores, que se inicien los procedimientos correspondientes para investigar y sancionar a la o las personas servidoras públicas que dieron origen a estas acciones que hoy afectan gravemente las finanzas municipales.
Así mismo, exigieron una explicación por parte de la síndico procuradora, Honorina Hernández Juárez, ya que en su carácter de apoderada legal del municipio, se advierten omisiones claras en el ejercicio de sus funciones, toda vez que este tipo de juicios se han perdido en perjuicio del Ayuntamiento, generando un daño considerable a la hacienda pública.
Por su parte, la alcaldesa señaló que la aprobación de este convenio fiscal busca evitar un daño aún mayor a las finanzas municipales, ya que permitirá cumplir con lo ordenado por el Tribunal mediante la negociación del pago del impuesto predial de los ejercicios fiscales 2025 y 2026 por parte de la empresa involucrada.
Reconoció que se trata de una situación lamentable, pues son recursos que dejarán de invertirse en obras públicas y acciones sociales; sin embargo, afirmó que su administración buscará estrategias y gestiones extraordinarias para continuar ejecutando proyectos en beneficio de la población, a pesar de este tipo de resoluciones que afectan la hacienda municipal.
Finalmente, se informó que este no es un caso aislado, ya que anteriormente la empresa Coppel promovió una acción similar por el cobro ilegal de licencias de funcionamiento, y actualmente otras empresas mantienen demandas en curso, mismas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo legal.
