CIUDAD DE MÉXICO, 5 DE SEPTIEMBRE /NEWS HIDALGO/.- El diputado federal del PRI, Christian Mishel Castro Bello, propuso reformar el Código Penal Federal para considerar como traición a la patria que servidores públicos tengan o establezcan vínculos con el crimen organizado, así como que incurran en actos de corrupción relacionados con el uso ilegal de recursos públicos o el incremento injustificado de su patrimonio.
La iniciativa plantea adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 123 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer sanciones más severas para funcionarios que utilicen el cargo público para favorecer actividades delictivas.
De acuerdo con la propuesta, incurriría en esta conducta el servidor público al que se le acrediten delitos relacionados con delincuencia organizada, entre ellos ilícitos contra la salud, contrabando de hidrocarburos, secuestro o extorsión, cuando además emplee recursos provenientes de esas actividades para el ejercicio de su actividad política.
La reforma contempla una pena de hasta 40 años de prisión, además de una multa equivalente a seis años del salario percibido por el ejercicio del cargo público del que obtuvo provecho para desarrollar la actividad delictiva.
También propone aplicar la figura de traición a la patria a servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas y penales por la distracción, ejercicio u otorgamiento ilegal de fondos públicos para beneficio propio o de terceros, así como cuando no puedan acreditar de manera legítima un incremento en su patrimonio.
En estos casos, la iniciativa plantea igualmente una pena de hasta 40 años de prisión y multas que podrían alcanzar el monto de los recursos involucrados o del incremento patrimonial no comprobado.
El proyecto también contempla sanciones para particulares que obtengan beneficios derivados de estas conductas, quienes, además de las penas previstas en la legislación vigente, podrían recibir una penalidad similar y una multa de hasta 70 por ciento del beneficio obtenido.
Castro Bello argumentó que la propuesta busca contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el servicio público, mediante sanciones contra quienes utilicen sus cargos para establecer vínculos con organizaciones criminales o desviar recursos públicos.
El legislador señaló que los actos de corrupción relacionados con recursos públicos no deben limitarse a quienes ocupan cargos gubernamentales, sino que también deben alcanzar a las personas físicas y morales que participen en estas operaciones y obtengan beneficios.
Como referencia, mencionó los casos de desvío de recursos registrados en años recientes, entre ellos el de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), y sostuvo que este tipo de esquemas suelen involucrar intermediarios que participan en operaciones destinadas a aparentar legalidad en el manejo de recursos públicos.
