Álvaro Bardales destaca recuperación de recursos y avances en fiscalización ante el Congreso de Hidalgo
Durante la sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, dio la bienvenida al funcionario y señaló que la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas son fundamentales para proteger los recursos públicos, prevenir irregularidades y fortalecer la confianza ciudadana.
En su intervención, Bardales Ramírez sostuvo que el fortalecimiento institucional debe traducirse en acciones preventivas, recuperación del patrimonio y resultados verificables. “Porque el dinero público tiene un destino y tiene un dueño: el pueblo”, expresó.
Entre los resultados presentados destacó la consolidación del Complejo Hidalgo Honesto, integrado por tres edificios especializados y laboratorios con 37 certificaciones; más de 10 mil 416 inspecciones; 544 auditorías por más de 256 mil 700 millones de pesos, así como 17 mil 614 actas de entrega-recepción correspondientes a 27 mil millones de pesos de inversión revisada.
También informó ahorros superiores a 32 millones de pesos anuales, la recuperación de cerca de 500 millones de pesos vinculados con desvíos de recursos y la incorporación de 435 inmuebles al patrimonio público, valuados en más de mil 267 millones de pesos.
En materia de participación ciudadana, resaltó la integración de más de 10 mil comités de Contraloría Social, conformados por más de 50 mil personas, además de cerca de 100 denuncias penales por presuntos hechos de corrupción.
Durante la ronda de preguntas, la diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) solicitó aclaraciones sobre los 117 casos de síndicos y regidores con dictámenes de compatibilidad laboral emitidos en 2026, así como la necesidad de reformar los artículos 128 y 156 de la Constitución estatal antes del próximo proceso electoral.
El secretario explicó que la mayoría de los casos correspondían a docentes y trabajadores municipales, aunque algunos maestros obtuvieron resoluciones favorables al comprobarse la compatibilidad de sus horarios. Señaló que se analizaron las jornadas laborales, las distancias entre centros de trabajo y las funciones desempeñadas, por lo que consideró necesaria una reforma que establezca reglas claras.
La legisladora también preguntó por las denuncias relacionadas con obras públicas y los procedimientos contra autoridades municipales durante el periodo 2025-2026.
Al respecto, Bardales Ramírez indicó que la Contraloría acompañó la presentación de 33 denuncias contra administraciones municipales salientes, principalmente por deficiencias en obras públicas. Asimismo, informó que se presentaron 17 denuncias relacionadas con obras, entre ellas el parque de Tulancingo, el bulevar Aviación de Huejutla, carreteras en Apan y avenidas en Tula y Villa de Tezontepec.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) cuestionó los criterios para dar de baja a proveedores y contratistas del padrón estatal, así como los municipios con mayores montos de observaciones.
El funcionario explicó que las bajas obedecieron a domicilios no acreditados, falta de capacidad técnica o financiera, incumplimientos contractuales y vínculos con empresas relacionadas con operaciones simuladas. Sobre las observaciones municipales, mencionó a Tepehuacán de Guerrero, con 210 millones de pesos; Huichapan, con 168 millones, y Tepetitlán, con 58 millones.
Respecto a las contrataciones públicas, aseguró que la dependencia supervisa los procedimientos de adquisición y ejecución de obras en dependencias, organismos y municipios. Añadió que se han detectado contrataciones directas indebidas y omisiones en licitaciones, lo que ha derivado en observaciones, denuncias, sanciones y multas.
La diputada Hilda Miranda Miranda (Morena) preguntó por los beneficios del nuevo modelo de Contraloría Social. El secretario explicó que este esquema incorpora a la ciudadanía en la vigilancia de las obras mediante comités de cinco personas beneficiarias, quienes reciben capacitación y herramientas para revisar contratos, verificar trabajos en campo y consultar laboratorios de control de calidad de materiales.
También informó que cerca de 80 contralores y comisarios recorren los 84 municipios mediante las Brigadas de la Transformación, con el propósito de supervisar la entrega de apoyos de dependencias como Agricultura, Bienestar, Salud y Educación, además de recibir quejas y denuncias.
En materia de supervisión de infraestructura, la diputada Karla Perales Arrieta (MC) preguntó por las 403 irregularidades físicas detectadas en obras públicas y cuántas permanecen pendientes de corrección, particularmente en escuelas, centros de salud e infraestructura hídrica.
Bardales Ramírez señaló que se mantienen revisiones y coordinación con contratistas, ayuntamientos y comités ciudadanos para reparar deficiencias, corregir vicios ocultos y, cuando corresponde, ampliar las metas de los proyectos. Como ejemplo, mencionó que los 17 contratos de obras de drenaje pluvial intervenidos en la zona metropolitana de Pachuca fueron corregidos después de presentar fallas durante las lluvias.
Por otra parte, la diputada Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) expuso un caso de incompatibilidad laboral y solicitó revisar el expediente correspondiente. El secretario aceptó analizarlo y explicó que la Contraloría ha iniciado acciones para atender los casos pendientes, incluidos avisos de suspensión.
Precisó que la dependencia no puede dar de baja directamente a integrantes de las asambleas municipales, aunque sí puede instruir a las dependencias del Poder Ejecutivo para ejecutar la baja de quienes mantienen empleos incompatibles dentro de esas instituciones.
La diputada María del Rosario Guerrero Martínez (Morena) preguntó por las acciones para fomentar la participación ciudadana y capacitar a los ayuntamientos. El funcionario destacó programas como Superagentes de la Legalidad, mediante el cual se ha visitado a más de 250 escuelas primarias, además de actividades como un rally de integridad, un maratón de contabilidad gubernamental, un parlamento juvenil y un concurso de videos cortos para denunciar la corrupción.
Sobre las obras inconclusas en Jacala, entre ellas una red de agua potable, un mercado municipal y una cancha techada, indicó que la Contraloría colaboró con el ayuntamiento para presentar denuncias durante el proceso de entrega-recepción. Se comprometió a revisar si la red de agua y la cancha están incluidas en esos procedimientos e informar sobre su situación.
En el ejercicio de participación ciudadana, se cuestionaron los indicadores de corrupción en Hidalgo y las medidas para mejorar la percepción sobre los servicios públicos.
El secretario reconoció que los resultados requieren atención y señaló que el 79.4 por ciento de los usuarios manifestó estar satisfecho con los trámites y servicios públicos durante 2025. Añadió que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción se ubicó 3.7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
Indicó que la Contraloría dispone de buzones físicos y digitales, líneas telefónicas, redes sociales y módulos itinerantes para recibir denuncias ciudadanas.
Sobre las inversiones en inmuebles gubernamentales, como Hidalgo Honesto, la Casa Blanca y Las Torres, cuestionadas ante las necesidades de comunidades de la Huasteca y la Sierra afectadas por contingencias, defendió que estos proyectos buscan concentrar oficinas, mejorar las condiciones de operación y optimizar el uso de los recursos públicos. También mencionó la construcción de espacios como el Archivo General.
Otro de los cuestionamientos se centró en las investigaciones relacionadas con el exgobernador Omar Fayad Meneses, la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas y el excontralor César “N”, particularmente por el caso Accendo y otras presuntas irregularidades.
Bardales Ramírez explicó que el caso Accendo continúa en un procedimiento de concurso mercantil ante instancias federales, por lo que las acciones definitivas dependerán de su resolución. Agregó que las investigaciones relacionadas con la administración anterior permanecen abiertas y que existen personas pendientes de localizar y notificar.
Respecto a la llamada Estafa Siniestra, cuyo monto asciende a cerca de 2 mil 400 millones de pesos, afirmó que la Contraloría mantiene las 97 denuncias presentadas contra presuntos responsables y continuará las acciones legales para recuperar los recursos públicos. Entre los obstáculos, mencionó que algunas personas involucradas no han sido localizadas o se encontrarían fuera del país.
Finalmente, ante las dudas sobre la reforma al artículo 114 de la Constitución de Hidalgo, que amplía las facultades de las presidencias municipales para firmar convenios, el secretario consideró que permitirá agilizar el ejercicio de recursos y evitar retrasos en la contratación de obras y servicios.
No obstante, sostuvo que estas atribuciones deben permanecer sujetas a los controles previstos en las leyes de adquisiciones, obra pública, transparencia y contabilidad gubernamental, con el propósito de mantener la legalidad y la rendición de cuentas.
