Ante los delitos cibernéticos, la educación digital como respuesta: experto Garza
PACHUCA DE SOTO, 11 DIC /NEWS HIDALGO/.- Los delitos cibernéticos se han convertido en una problemática creciente a causa de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, el incremento en el uso de plataformas en línea, así como a la falta de medidas de protección ante una poca o nula educación digital, señaló Elías Gaona Rivera, profesor investigador del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El investigador Garza señaló que, si bien no siempre es posible evitar ser víctima de un fraude cibernético, las personas sí pueden implementar acciones preventivas para disminuir los riesgos, pues ante un escenario en el que los casos aumentan de manera considerable, la sociedad en general debe tener la responsabilidad de estar informada para adoptar medidas de seguridad a fin de proteger su información personal y mantenerse alerta ante las amenazas.
En este sentido, comentó que dentro de las principales recomendaciones se encuentran: verificar que se navega en páginas fidedignas y que éstas empiecen con HTTPS, pues significa que es confiable; usar contraseñas seguras y actualizarlas periódicamente; proteger los dispositivos con un antivirus; y estar al tanto sobre temas de ciberseguridad para conocer las formas más comunes de fraude y cómo identificarlas.
No obstante, si pese a todas estas medidas preventivas se sufre un fraude, lo primero que se tiene que hacer es recopilar evidencia, guardar capturas de pantalla, páginas web y cualquier información relacionada con el incidente para proporcionarla a las autoridades correspondientes. Lo siguiente sería llamar al 088, en donde la Guardia Nacional brinda orientación para realizar la denuncia ante el Ministerio Público.
Explicó que tanto la legislación federal como la local contemplan sanciones específicas para el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Según el tipo de conducta, las penas pueden variar desde tres meses hasta 10 años de prisión, además de imponer multas económicas, agregando que cuando el delito afecta a instituciones públicas, las penas pueden incrementarse.
Ante este escenario, Gaona Rivera destacó la importancia del papel de las universidades, que, a través de la investigación, abordan estos temas no solo desde una perspectiva académica, también con un enfoque de responsabilidad social para contribuir a darle a la población las herramientas necesarias para que no caiga en este tipo de delitos.
