CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE SEPTIEMBRE /NEWS HIDALGO/.- Las personas adultas mayores se encuentran entre los sectores más vulnerables frente al crecimiento de los fraudes digitales. Alrededor de 33 por ciento de las quejas por posibles fraudes bancarios corresponde a personas de 60 años y más, situación que llevó al diputado federal Emilio Suárez Licona a proponer un aumento de las penas cuando este delito sea cometido mediante medios electrónicos.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador priista advirtió que los fraudes representan una amenaza directa para el patrimonio de miles de personas que dependen de una pensión o de los ahorros acumulados durante décadas.
Suárez Licona señaló que las personas mayores representan aproximadamente 12.8 por ciento de la población nacional, pero su participación en las reclamaciones por posibles fraudes bancarios es considerablemente mayor.
De acuerdo con los datos expuestos por el diputado, siete de cada 10 fraudes financieros se cometen actualmente a través de medios digitales, mediante estrategias diseñadas para generar confianza y obtener información personal, bancaria o financiera.
Entre las principales modalidades se encuentran llamadas telefónicas en las que delincuentes alertan sobre supuestas compras con tarjetas, mensajes que advierten de presuntos intentos de hackeo y falsas ofertas de recompensas económicas.
El problema, sostuvo el legislador, adquiere mayor gravedad cuando las víctimas son personas adultas mayores, debido a que una pérdida de sus ahorros o ingresos puede representar un golpe difícil de recuperar y afectar directamente su estabilidad económica.
El diputado citó cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, según las cuales durante 2024 se registraron 33.5 millones de delitos en México.
Dentro de ese universo, el fraude alcanzó una tasa de 7 mil 574 víctimas por cada 100 mil habitantes, por encima de delitos como el robo y la extorsión.
Asimismo, señaló que durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron más de 3.82 millones de reclamaciones relacionadas con posibles fraudes financieros, con pérdidas económicas estimadas en 16 mil 678 millones de pesos.
En el caso específico de los adultos mayores, el 33 por ciento de las quejas por posibles fraudes bancarios correspondió a personas de 60 años y más, proporción que, de acuerdo con el legislador, es 2.5 veces superior al peso demográfico de este sector.
Ante este panorama, Emilio Suárez Licona presentó una iniciativa para adicionar el artículo 386 Bis al Código Penal Federal, con el objetivo de establecer una sanción mayor cuando el fraude sea cometido mediante medios electrónicos, informáticos o digitales y la víctima sea una persona adulta mayor.
La propuesta plantea incrementar hasta en una tercera parte, tanto en su mínimo como en su máximo, las penas previstas para el delito de fraude cuando concurran estas circunstancias.
El legislador sostuvo que la modificación busca fortalecer la protección jurídica de las personas mayores y responder a una modalidad delictiva que aprovecha el uso cada vez más extendido de herramientas digitales para vulnerar el patrimonio de las víctimas.
La iniciativa será analizada por la Cámara de Diputados como parte del proceso legislativo correspondiente.
