Cobros ilegales de Reglamentos en San Agustín Tlaxiaca dispararán el costo de las rentas universitarias
SAN AGUSTÍN TLAXIACA, 01 OCT /NEWS HIDALGO/. – La administración municipal del alcalde Mario David Medina Hernández, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse un esquema de fiscalización coercitiva instrumentado por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, a cargo de Aldair Hinojosa Olvera.
Lo que el ayuntamiento disfraza de «regularización comercial» es calificado por vecinos, propietarios y expertos en materia administrativa como una campaña de recaudación voraz e ilegal dirigida contra la economía popular y el sector educativo de San Agustín Tlaxiaca.
San Agustín Tlaxiaca no es un municipio cualquiera; su cercanía y conectividad con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad La Salle, La Escuela de Futbol Pachuca entre otras escuelas y dependencias lo han convertido en el hogar temporal de miles de jóvenes foráneos. Para decenas de familias locales, el arrendamiento de cuartos o pequeños anexos habitacionales representa el sustento principal y una fuente complementaria indispensable ante el desempleo o la precariedad laboral.
Lejos de ofrecer estímulos, seguridad o infraestructura urbana a esta zona de alta densidad estudiantil, la administración saliente ha optado por implementar una red de hostigamiento financiero.
De acuerdo con las denuncias recabadas y el testimonio directo de los afectados en localidades como Tilcuautla, el mecanismo operativo de la Dirección de Reglamentos opera mediante las siguientes fases de presión y extorsión institucional:
Inspectores municipales realizan recorridos encubiertos y cuestionan a vecinos para mapear inmuebles que albergan estudiantes.
Se colocan notificaciones directas en los accesos de las viviendas privadas, generando incertidumbre jurídica entre los propietarios.
Multas de castigo de 6 mil pesos, sanciones económicas bajo el pretexto de «operación ilegal», tipificando erróneamente un contrato civil de arrendamiento como un establecimiento comercial.
El ayuntamiento de Mario David Medina condiciona el pago adicional de 3 mil pesos para otorgar la presunta «licencia de funcionamiento como servicio de hospedaje», equiparando una casa habitación con un hotel o motel.
En total, cada familia afectada enfrenta una carga impositiva inicial y arbitraria de 9 mil pesos, un monto desproporcionado para pequeños propietarios que apenas obtienen ingresos para subsistir.
Cuestionamiento Jurídico: ¿Exceso de facultades o voracidad fiscal?
Desde la perspectiva legal, los cobros carecen de sustento sólido. El derecho civil regula el arrendamiento de inmuebles habitacionales a través de contratos entre particulares. Pretender aplicar licencias de funcionamiento de tipo mercantil (propias de hoteles, moteles o hostales) a una casa habitación donde un estudiante renta una habitación viola los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria.
Este encuadre forzado evidencia una estrategia desesperada de la administración de Mario David Medina Hernández para inflar las arcas municipales en el cierre de su gestión, sin importar el daño colateral al tejido social.
La voracidad fiscal del ayuntamiento no se limita a los propietarios; tiene un efecto dominó inflacionario sobre la comunidad estudiantil. Al imponer costos fijos extraordinarios, permisos anuales y multas, los caseros se verán en la imperiosa necesidad de incrementar las rentas mensuales. Esto vulnera directamente el derecho a la educación y a una vivienda digna de los jóvenes universitarios, quienes ya enfrentan costos elevados en transporte, alimentación y material académico.
Organización y resistencia social
Ante la cerrazón y el silencio institucional —ya que la alcaldía no ha emitido ninguna postura oficial ni ha transparentado el destino de estos recursos recaudados de manera exprés—, los habitantes de Tilcuautla y zonas aledañas han comenzado a articular frentes comunes.
Es importante mencionar que muchas de estas viviendas se localizan en terrenos ejidales, los cuales no cuentan con los servicios públicos del municipio como pueden ser, pavimentación. drenaje, agua potable, entre otros servicios, los cuales corren por cuenta propia del dueño del predio.
La exigencia de la comunidad es clara: frenar los operativos de acoso, suspender las multas arbitrarias y exigir cuentas claras al alcalde Mario David Medina Hernández y al director Aldair Hinojosa Olvera antes de que concluya un trienio que pasará a la historia por la presión fiscal contra sus propios gobernados.
