PACHUCA DE SOTO, 14 MAY /NEWS HIDALGO/.- Durante los primeros 13 días de mayo, el 61% de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo presentó sus declaraciones patrimoniales. De los 80,508 obligados, 49,040 ya cumplieron con su obligación.
Son 15 entes públicos que están al 100% de los que destacan: la Secretaría de Contraloría que, desde el primer día de mayo, los servidores públicos pusieron el ejemplo y presentaron sus declaraciones, le sigue la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, entre otros.
La SEPH también se mantiene con un cumplimiento destacable, de los 44, 213 servidores públicos obligados, presentaron sus declaraciones 21,262 lo que representa el 48% de avance.
En contraste, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud presenta el menor nivel de cumplimiento, a pesar de la reducción en su plantilla laboral, de los 7,131 trabajadores que deben cumplir con esta obligación, solo 2,324 lo han hecho, lo que representa apenas el 34.5%.
El Contralor Álvaro Bardales insistió que para el Sector Salud el compromiso es triple, los 5,123 servidores públicos que fueron transferidos al IMSS-BIENESTAR están obligados a presentar su declaración de conclusión en el Estado y realizar las declaraciones de inicio y modificación en la federación, para los 7,131 que aún forma parte de la administración estatal, deberán presentar en el mes de mayo su declaración de modificación 2025.
En esa misma situación se encuentran los municipios, aproximadamente 28 mil funcionarios adscritos a las recién conformadas administraciones, incluidos presidentes, regidores y síndicos, deben ser conscientes de la obligación de presentar las declaraciones como lo dicta la ley.
Se identificaron a 41 presidentes municipales aun no presentan su declaración de inicio, recordemos que se debe realizar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión, por lo que su plazo feneció el 4 de noviembre del año pasado.
La ley de responsabilidades administrativas establece sanciones para quienes incumplan con este deber constitucional, que pueden consistir en amonestaciones, destituciones del cargo e incluso inhabilitaciones del servicio público hasta por un año, tanto en los municipios, en el estado y en la federación.
La Contraloría mantiene un monitoreo constante para verificar que todos los servidores públicos cumplan con esta obligación y rindan cuentas a la ciudadanía. En caso de incumplimiento, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa para aplicar las sanciones que procedan. Cabe destacar que, a mayor nivel jerárquico del funcionario, mayor es su deber de cumplimiento.
