CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE SEPTIEMBRE /NEWS HIDALGO/.– Diputados federales del PRI impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordena retirar publicaciones de legisladores priistas en redes sociales, al considerar que afecta la libertad de expresión, la deliberación pública y la inviolabilidad de opinión de quienes integran el Congreso de la Unión.
En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, y el diputado Emilio Suárez Licona, acompañados por integrantes de su bancada, informaron que recurrirán a las instancias legales correspondientes y, de ser necesario, al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Moreira Valdez señaló que la resolución, derivada de una queja presentada por Morena, representa una afectación a la actividad parlamentaria, particularmente por ordenar el retiro de publicaciones relacionadas con señalamientos sobre la participación del crimen organizado en la política.
El coordinador parlamentario afirmó que la determinación también afecta la inmunidad parlamentaria de los legisladores, al limitar la expresión de opiniones vinculadas con los intereses de sus representados.
Entre los legisladores notificados se encuentran Emilio Suárez Licona, Marco Antonio Mendoza y Carolina Viggiano, además del propio Moreira Valdez, por publicaciones en las que compartieron un mensaje del dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno.
Moreira Valdez indicó que planteó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su preocupación por la resolución y adelantó que el documento será remitido por escrito para que se analicen las medidas correspondientes desde el Poder Legislativo.
Por su parte, Emilio Suárez Licona sostuvo que el INE determinó la existencia de una presunta calumnia electoral por el hecho de que los legisladores compartieron una postura expresada por Alejandro Moreno.
El también representante del PRI ante el INE consideró que la resolución tiene implicaciones para la libertad de expresión y el debate público, particularmente en temas relacionados con seguridad y la presunta participación del crimen organizado en procesos políticos.
Los legisladores priistas señalaron que continuarán utilizando las vías legales para defender su derecho a expresarse y reiteraron que mantendrán sus señalamientos sobre asuntos que consideran relevantes para la vida pública del país.
