Proponen carcél e inhabilitación de hasta 20 años para «aviadores» y funcionarios que los encubran
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, 8 DE JUL /NEWS HIDALGO/.- La iniciativa sanciona no sólo a quien cobra sin trabajar, sino también a los servidores públicos que autoricen, validen, procesen o mantengan plazas fantasmas dentro de la administración pública.
Con el objetivo de eliminar uno de los espacios de corrupción más recurrentes en el servicio público, el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó una iniciativa para combatir las llamadas plazas fantasma y sancionar con cárcel e inhabilitación obligatoria de mínimo 10 y hasta 20 años a quienes cobren un salario sin trabajar, así como a los funcionarios que operen, validen o encubran estos esquemas.
La propuesta reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal para establecer responsabilidades explícitas no sólo para el llamado “aviador”, sino también para quienes, desde las áreas de Recursos Humanos, Administración o como superiores jerárquicos, procesen o mantengan activos dichos pagos indebidos.
“En México también se roba cuando alguien cobra sin trabajar. Y también cuando un funcionario lo autoriza, lo encubre o decide hacerse de la vista gorda.”
Mario Zamora afirmó que esta iniciativa busca romper la cadena de complicidades que durante años ha permitido la fuga de recursos públicos que debieran destinarse al desarrollo del país.
“Cada peso que recibe un aviador es un peso que deja de llegar a hospitales, medicinas, escuelas, seguridad y servicios públicos. Ese dinero pertenece a los ciudadanos, no a quienes viven del presupuesto sin trabajar”, señaló.
La iniciativa equipara al desvío de recursos públicos y al delito de remuneración ilícita tanto el recibir un sueldo sin desempeñar de forma efectiva las funciones del cargo, como el asignar, validar o mantener esos pagos desde las áreas administrativas. Además, fija una regla de excepción para que la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos o participar en contrataciones sea de un mínimo obligatorio de 10 años y hasta un máximo de 20 años, según el monto de la afectación patrimonial.
El legislador puntualizó que el objetivo es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar que el presupuesto cumpla con los principios constitucionales de eficiencia y honradez.
Finalmente, Mario Zamora aseguró que esta reforma envía un mensaje claro de cero tolerancias en las nóminas del Estado.
“No importa la adscripción de la plaza. Si alguien cobra sin trabajar, está afectando el dinero de los mexicanos. Y quien lo autorice, lo encubra o lo mantenga en la nómina también responderá ante la ley. Se acabó la impunidad para los aviadores.”, concluyó.
