PACHUCA DE SOTO, 13 NOV/NEWS HIDALGO/.- Sanciones aplicables por actos u omisiones en los que puedan incurrir servidores públicos que utilicen estructuras gubernamentales con fines electorales, serán ejecutadas con apego a ley de cara al proceso comicial de 2024, informó Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría en Hidalgo.
Afirmó que la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, tiene el compromiso de vigilar que los recursos públicos no sean desviados con fines político-electorales o se utilicen en actos anticipados de campaña.
Bardales Ramírez indicó que el gobierno de Hidalgo actuará con apego a la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, para determinar los mecanismos de corrección e investigación que en cada caso correspondan.
De acuerdo con el calendario electoral 2024, en Hidalgo se renovarán 30 diputaciones locales —18 por mayoría relativa y 12 de representación proporcional—, así como 84 presidencias municipales, 84 sindicaturas, 14 sindicaturas de Primera Minoría (PM).
En este contexto, Álvaro Bardales consideró que a pesar de que la ley no obliga a servidores públicos a renunciar a cargos públicos, en caso de buscar puestos de elección popular, deben conducirse con apego a la norma, mantener su desempeño laboral en su cargo o comisión y realizar su proceso bajo la premisa de servir al pueblo.
“Durante esta primera etapa aquellas personas que aspiran al cargo podrán realizar actividades dirigidas a militantes y simpatizantes de los partidos políticos, pero sin el uso de recurso públicos o en horarios laborales, las y los inscritos ya cuentan con una serie de restricciones con el fin de no aventajar en el proceso electoral”, recordó el titular de la Contraloría.
Reiteró que los aspirantes deben estar apegados a los principios de legalidad, honradez e imparcialidad, para no caer en actos anticipados de campaña con el uso de recursos públicos que incluso pueden considerarse desvíos y daños a la hacienda pública.
Cabe recordar que el proceso electoral a nivel local inició el pasado 5 de noviembre, con la apertura y cierre de inscripciones a contender las candidaturas en diversos institutos políticos, proceso que es vigilado desde la Contraloría estatal para estar al tanto de las inscripciones y obligaciones que deben acatar funcionarios estatales, así como municipales.
Álvaro Bardales expresó que será responsable el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidores públicos de elección popular.
El titular de la Contraloría fue enfático al señalar que las leyes que sancionan a servidores públicos que incurran en omisiones político-electorales, no son privativas del gobierno, ya que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad intervenir al detectar irregulares previas o durante el proceso comicial.
Recordó que el INE aplica sanciones a participantes electorales cuando no se presenta informe de gastos, también por exceder el tope de gastos establecidos, que, según la ley electoral, consiste en 20 por ciento del registrado para la campaña.
“Según el INE, para una o un aspirante a cargo local queda prohibido, en primera instancia, hacer actos anticipados de campaña, que, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, son todas aquellas expresiones previo al inicio formal de las campañas electorales, que llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducir simpatía”, dijo.
De igual forma, refirió que materia jurídica, es el artículo 134 de la Constitución Federal que prohíbe la utilización de propaganda gubernamental con fines que no sean institucionales, informativos, educativos o de orientación social, así como aquella que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada del servicio público con fines políticos.
El funcionario pidió a los aspirantes actuar con apego al Código Electoral de Hidalgo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política, deben dejar un espacio de entre 60 y 90 días previo al proceso electoral; es decir, por ley tendrían que solicitar licencia o renunciar, dependiendo el caso, entre el 4 de marzo y el 4 de abril de 2024.
