PACHUCA DE SOTO, 20 MAY /NEWS HIDALGO/.- La declaración patrimonial es una obligación constitucional y un instrumento para reforzar la transparencia, consolidar la confianza ciudadana en las instituciones y prevenir actos de corrupción.
El ejercicio de rendición de cuentas facilita el análisis de los bienes y derechos de quienes ocupan cargos públicos. El seguimiento a sus variaciones patrimoniales permite identificar inconsistencias y actuar de manera oportuna ante posibles irregularidades.
En 2024, 82,828 personas cumplieron con esta responsabilidad, con un cumplimiento de 99.63%. Para 2025, el padrón de obligados asciende a 80,291 personas, la reducción se debe a los trabajadores del sector salud que se transfirieron a la federación.
A 11 días de que finalice el término para cumplir con esta obligación, 61,656 servidores públicos ya presentaron su declaración, 77% de cumplimiento.
Los que cumplieron al 100% desde los primeros días de mayo, son: Contraloría, Bienestar e Inclusión Social, Desarrollo Económico y Turismo. La Secretaría de Educación reporta un avance significativo del 68%, con 29,927 declaraciones registradas de un total de 44,064.
En contraste, pese a las insistencias, de los 7,084 trabajadores del sector salud, el 40% aún no cumple con la presentación de su declaración. El personal transferido a IMSS-BIENESTAR también debe presentar su declaración de conclusión en el estado y la de inicio y modificación en la federación.
A nivel municipal, aproximadamente 28 mil funcionarios deben cumplir con la ley, sin embargo, se detectó que 39 presidentes municipales ni siquiera presentaron la de inicio y les quedan 11 días para que los 84 presidentes cumplan con su declaración de modificación, ya que al día de hoy ninguno lo ha hecho.
El incumplimiento a estas obligaciones constituye una falta administrativa que se puede sancionar con amonestaciones, destituciones o inhabilitaciones por hasta un año.
El Contralor Álvaro Bardales mantiene vigilancia constante para que todos los servidores públicos cumplan con este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, también señala que los funcionarios de mayor nivel jerárquico son los que deben poner el ejemplo y hacer que todos, sin distinción cumplan con este mandato constitucional.
La fecha límite se acerca, faltan 12 días para que todos se pongan al corriente.
