Señaló que, cuando el presupuesto ya fue aprobado y se cumplen los requisitos legales para contratar, exigir nuevamente el aval del Cabildo puede frenar las mismas obras y acciones que previamente autorizó el gobierno municipal, con afectaciones directas a la ciudadanía.
La discusión cobró fuerza el 15 de octubre, cuando Pachuca respaldó la minuta de reforma al artículo 141 de la Constitución estatal con 14 votos a favor y cinco en contra, en medio de cuestionamientos sobre sus posibles efectos en los contrapesos municipales.
Bardales sostuvo que la revisión del gasto público es una obligación, pero advirtió que utilizar autorizaciones pendientes para presionar por plazas, contratos o beneficios personales es una conducta que debe investigarse cuando existan elementos.
Explicó que la Contraloría recibe quejas de presidentes municipales, contralores internos y tesoreros por autorizaciones que se retrasan e impiden ejercer el presupuesto. Estas situaciones, indicó, pueden traducirse en obras que no comienzan, servicios que se posponen y necesidades comunitarias que permanecen sin respuesta.
Afirmó que aprobar un presupuesto implica asumir la responsabilidad de convertirlo en resultados, por lo que no basta con autorizar los recursos en el papel si su ejecución permanece bloqueada.
Ante los señalamientos de que la reforma podría debilitar la vigilancia, el contralor recordó que las contrataciones públicas deben cumplir con los procedimientos de obra y adquisiciones, la suficiencia presupuestaria, la integración de expedientes, la comprobación de pagos y la fiscalización.
Añadió que los órganos internos de control y la ciudadanía, mediante los comités de Contraloría Social, también participan en la supervisión del ejercicio de los recursos.
Reconoció que preservar los contrapesos es legítimo, pero consideró necesario garantizar que estos mecanismos funcionen sin convertirse en instrumentos de presión política o negociación de beneficios particulares.
Asimismo, advirtió que agilizar los procedimientos no exime a las presidencias municipales de sus responsabilidades. Las contrataciones arbitrarias, el favorecimiento de proveedores y las obras deficientes deben ser objeto de revisión, mientras que cada decisión sobre el gasto debe estar debidamente justificada.
Bardales también señaló que existen recursos federales sujetos a plazos de ejecución cuyo incumplimiento puede obligar a devolverlos. En esos casos, una confrontación política puede comprometer obras y servicios que las comunidades necesitan, como agua potable, drenaje o pavimentación.
Por ello, planteó que el debate sobre la reforma debe centrarse en resultados verificables: cuáles contrataciones se detienen, cuánto tiempo permanecen suspendidas, cuáles son los argumentos y qué consecuencias generan las demoras.
Precisó que votar contra la reforma no demuestra, por sí mismo, la existencia de irregularidades, por lo que cualquier condicionamiento indebido debe documentarse e investigarse.
Finalmente, el funcionario resumió su postura en la necesidad de que los cabildos vigilen, las administraciones ejecuten y todas las autoridades rindan cuentas, al sostener que el presupuesto público pertenece a la ciudadanía y no debe utilizarse para cobrar favores ni ajustar cuentas políticas.
