Buscan regularizar tierras ejidales y fortalecer derechos agrarios de mujeres rurales

CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE NOV /NEWS HIDALGO/.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) llamó a fortalecer la coordinación institucional para brindar certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitar el acceso a programas públicos e impulsar la productividad del campo mexicano.
Durante el Segundo Informe de Rendición de Cuentas de la Procuraduría Agraria, la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, destacó que la seguridad jurídica sobre la tierra brinda tranquilidad a las familias rurales y permite que las personas productoras accedan a los apoyos gubernamentales.
Informó que, durante los primeros seis meses de su gestión, se ha trabajado en la actualización de padrones y la atención de rezagos en la documentación de la propiedad. Actualmente, permanece pendiente de regularizar aproximadamente el 10 por ciento de al menos 80 mil beneficiarios que presentaban irregularidades.
La funcionaria señaló que estos avances han permitido ampliar el acceso a programas como Fertilizantes y Producción para el Bienestar. También destacó la importancia de ordenar el territorio de ejidos y comunidades, así como garantizar que las mujeres rurales tengan derechos sobre la propiedad de la tierra.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, anunció que se trabaja en la actualización de la Ley Agraria, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de los resultados de la consulta sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Asimismo, reiteró el compromiso de ampliar el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres, con la meta de pasar de 150 mil a 250 mil beneficiarias.
En tanto, el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, señaló que la mitad del territorio nacional pertenece a ejidos y comunidades, por lo que destacó la responsabilidad de proteger la propiedad social y evitar prácticas que favorezcan la venta, renta o despojo de tierras ejidales y comunales.



