PACHUCA DE SOTO, 22 Nov /News Hidalgo/.- En medio de una manifestación de habitantes de la región de Tepeji del Río por la posibilidad de una contaminación mayor en el río Tula, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), Benjamín Pilar Rico Moreno, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático que preside la diputada priista María Luisa Pérez Perusquía.
Durante los cuestionamientos de integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Areli Rubí Miranda Ayala, habló de los problemas ambientales que enfrentan pobladores de la región Tula-Tepeji.
“Mi región es una de las más contaminadas del mundo y desafortunadamente secretarios van, secretarios vienen, y no pasa absolutamente nada. El argumento que siempre brindan es que es competencia federal, el gobierno federal dice que el local, y así se pasan la bolita uno al otro. Quisiera plantear qué ha hecho la Secretaría para mitigar la liberación de partículas contaminantes al medio ambiente”, cuestionó.
En respuesta, el titular de la Semarnath mencionó que los problemas ambientales que se registran en la zona se refieren a acciones que los anteriores gobiernos, federales y estatales, no realizaron, ya que, lamentó, pese a que se realizaron inversiones millonarias para asentar empresas de calidad internacional, no se tomó en cuenta el impacto ambiental ni el bienestar social.
Respecto a los rellenos sanitarios, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, señaló que son un problema grave en todos municipios, “necesitamos trabajar en una estrategia para solucionar esa problemática en los municipios, recordemos que el relleno sanitario de Mineral de la Reforma estuvo envuelto en un incidente que generó un problema sanitario”.
A ello, Rico Moreno detalló que en lo que va de la administración se contaban siete sanitarios regionales, tiraderos a cielo abierto y 14 rellenos sanitarios municipales, pero se tuvo la necesidad de clausurar el relleno regional de Mineral de la Reforma, así como reducir a 12 rellenos sanitarios municipales y contar con dos estaciones de transferencia. Anunció además que la sexta celda del tiradero de Huixmi no será autorizada, aun cuando el presidente del Comisariado ejidal Cecilio Téllez Escárcega ha anunciado que, de no abrirse dicha celda, ya no permitirían tirar residuos.
“No es fácil tocar el tema del tratamiento de la basura. Hemos diagnosticado que es importante generar por lo menos siete plantas recicladoras de estos residuos que habrán de auxiliar a los que ya operan, como el de Apan, como el de Chapantongo, para poder complementar y llegar al 72 por ciento del tratamiento de los residuos sólidos, pero habrá que hacerlo con mucho cuidado para no repetir lo que hoy nos sucede con las plantas tratadoras”, explicó.
Por su parte, la legisladora del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rosalba Calva García, mencionó la contaminación de los cuerpos de agua en Tepehuacán de Guerrero, lo que ha provocado que la producción de pescado ha dejado de existir, lo que ha afectado la economía de la población, así como su salud, derivado de la actividad minera.
El titular de Semarnath apuntó que “estas comunidades, producto de la explotación de la tierra, dieron muchísima plata al mundo, y estas riquezas no se ven reflejadas, ni en lo ambiental ni en lo económico, ni en el bienestar de la región. La actividad minera es de las que más daño causan al medio ambiente y es de las que menos se siente el impacto económico en la región”.
Abundó que Copriseh mantiene vigilancia sobre la calidad del agua de la zona que es empleada por la minera, “también el gobierno federal debe vigilar que las condicionantes que se dan en los impactos ambientales se cumplan. Hoy, dentro del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Federación se guarda para sí la posibilidad de consultar o no a los gobiernos locales para este tipo de proyectos, por lo que debe ser reformado para establecer la obligatoriedad”.
En tanto, la legisladora morenista por el distrito de Tizayuca, Tatiana Tonatzín Ángeles Moreno, cuestionó el posible conflicto de intereses entre el titular de Semarnath y su actividad empresarial en la entidad: “Usted es constructor de fraccionamientos, se dedica a su actividad como empresario, a cuidar el medio ambiente en el estado, esto es preocupante, ya que uno se pregunta si en sus fraccionamientos usted ha autorizado el estudio de impacto ambiental”.
Agregó: “Hay fraccionamientos que ha construido en zonas de alta productividad agrícola, en zonas de muy alta inundación, y la Secretaría funciona como parte de su actividad profesional o empresarial. Estos estudios de impacto ambiental sólo se autorizan a amigos o compadres de usted y la mayor parte de los empresarios que buscan esta autorización no son recibidos”.
En respuesta, Rico Moreno afirmó: “Si algo ha distinguido mi vida profesional y pública es el trabajar con honestidad. Tenemos una plataforma que transparenta no solo al funcionario en turno, sino también transparenta el quehacer de quien hoy lo solicita. La Secretaría, si en algo se ha destacado, es en cumplir la normativa ambiental estatal”.
El presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, Ricardo Raúl Baptista González, cuestionó: “En 2016, la Semarnat solicitó opinión técnica a tu Secretaría para el desarrollo del proyecto del Río Tula, y siete días después diste respuesta y autorizaste esa obra. ¿Cómo es posible que, en ese tiempo, se haya hecho una revisión minuciosa del contenido y fundamento legal de ese manifiesto de impacto legal que emitieron?
A ello, el encargado del medio ambiente dijo: “Tengo conocimiento de ese proyecto desde que estaba en la Delegación en la entidad de la Conagua, no requeríamos de ningún permiso de gobierno del estado, y te aseguro que yo no he firmado absolutamente nada. Yo he ofrecido que la próxima semana, el martes, haré un recorrido en la zona para puntualizar cuáles son las demandas medioambientales más sentidas de la zona”.
Respecto a los centros de verificación vehicular, Baptista González dijo: “hay corrupción en los verificentros ya que cuando no pasa el vehículo pagan por el brinco. Lo que está grave son las patrullas ecológicas; nos han comentado que les piden dinero a las personas que no cumplieron con su verificación para poder circular”.
En respuesta, Rico Moreno señaló que “el uso de las patrullas es una acción que nos marca el programa ambiental, no es un invento, es una de las 21 acciones de las cuatro estrategias. Las patrullas están monitoreadas en tiempo real, a menos que se salgan del ángulo de visión de la patrulla y no se pueda captar el testimonio de que se está generando un acto de corrupción. Los operativos de estas patrullas están vigilados desde los centros de monitoreo, los vehículos tienen cámaras y micrófonos dentro y fuera de la unidad, supervisando dicha actividad”.
Durante esta comparecencia, también realizaron cuestionamientos las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena Doralicia Martínez Bautista, Noemí Zitle Rivas, Víctor Osmind Guerrero Trejo, Susana Araceli Ángeles Quezada, Areli Maya Monsalvo, Rafael Garnica Alonso, Armando Quintanar Trejo, José Luis Muñoz Soto y Lisset Marcelino Tovar.
