Policiaca

Denuncian brutal golpiza y desplazamiento forzado a manos de la Policia Estatal de Hidalgo

*​Un ciudadano relata cómo una infracción vial en la colonia 11 de Julio derivó en un intento de extorsión, fracturas múltiples, negación de auxilio médico y su huida del estado por miedo a represalias.

​PACHUCA DE SOTO, 19 NOV /NEWS HIDALGO/.- Lo que debió resolverse con una boleta de infracción de tránsito se convirtió en una pesadilla de tortura, abuso de autoridad y desplazamiento forzado para Mario Alberto, quien rompió el silencio para denunciar la brutalidad ejercida en su contra por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

​Los hechos, ocurridos el pasado 9 de agosto alrededor de las 17:30 horas, exhiben la violencia institucional que opera con total impunidad en la zona metropolitana de Pachuca. Según el testimonio de la víctima, tras pasarse un semáforo en la colonia 11 de Julio, fue interceptado por agentes estatales. Lejos de aplicar el reglamento, los uniformados le exigieron una «mordida» de mil pesos para dejarlo ir.

​Al negarse por no contar con dicha suma y ofrecer apenas 200 pesos, la actitud de los policías tornó en hostilidad. Tras intentar mediar a través de su empleador,  Mario fue subido a una patrulla, obligado a viajar agachado en el piso de la unidad para impedirle ver la ruta y trasladado a instalaciones policiales no identificadas.

​Ya en el interior del inmueble, la arbitrariedad escaló. De acuerdo con su narración, un oficial intentó azotarle la cabeza contra la pared; al intentar cubrirse y agarrar al uniformado ambos cayeron al suelo, una jauría de agentes se le abalanzó encima. Lo golpearon con las culatas de sus armas y le saltaron repetidamente sobre el cuerpo.

​El saldo de la agresión estatal fue devastador: fractura de rodilla, lesiones severas en codos, costillas y múltiples fracturas en el cráneo. Pese a la gravedad de las heridas, permaneció incomunicado y sin atención en un cubículo durante dos horas.

​La cadena de violaciones a los derechos humanos continuó en la barandilla de Mineral de la Reforma, donde los estatales lo mantuvieron tirado en el suelo por otras tres horas con la pierna visiblemente inflamada. Aunque la médico legista ordenó su traslado urgente a un hospital tras advertir la fractura de rodilla, y posteriormente radiografías en un hospital de Pachuca confirmaron la gravedad de sus lesiones, los policías estatales impidieron que fuera internado.

​Lo obligaron a salir caminando al borde del desmayo, pese a tener la rodilla destrozada. Finalmente, fue abandonado nuevamente en Mineral de la Reforma, donde las autoridades locales le otorgaron un pase de salida ante el temor de la propia víctima de volver a ser interceptado por los estatales.

​Desplazamiento forzado y ruina patrimonial

​Las consecuencias de este abuso trascienden el daño físico. Ante el pánico de ser nuevamente detenido y golpeado o fabricarle delitos, Mario Alberto huyó de su domicilio en Azoyatla para refugiarse en la Ciudad de México. El saldo de la impunidad policial lo dejó en la ruina: perdió su empleo, su negocio, su vivienda, no ha podido costear las cirugías reconstructivas que requiere y, por si fuera poco, las autoridades le aseguraron tres vehículos.

​El caso deja en evidencia la urgente necesidad de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) intervengan de oficio para identificar a los elementos involucrados y frenar las prácticas de extorsión y violencia letal dentro de la corporación estatal.

Finalmente Mario sostuvo que jamás imagino que una infracción de tránsito cambiaría su vida de una manera tan profunda, dice no buscar venganza sino justicia y que su historia no solamente quede en su memoria «no para provocar lástima, ni para despertar odio, sino para contar una experiencia que nunca debió convertirse en lo que viví».

«Reconozco que cometí una infracción al pasarme un semáforo. No pretendo justificarlo. Mi intención era llegar a tiempo a entregar la cuenta de mi trabajo. Pero ninguna infracción, ningún error y ninguna circunstancia justifican que un ciudadano sea humillado, amenazado, intimidado o tratado como si hubiera cometido el peor de los delitos».
Apenas hace unas semanas tomó la decisión denunciar a los policías por lo que inició la carpeta de investigación 12-2026-10219.
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