PACHUCA DE SOTO, 16 JUL /NEWS HIDALGO/.- La tasa mínima global, impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como parte del proyecto BEPS 2.0, busca garantizar que los grandes conglomerados multinacionales cubran un nivel básico de impuestos, sin importar la jurisdicción donde operen. Esta iniciativa representa una transformación profunda en la arquitectura tributaria de la esfera supranacional.
Al respecto, Javier Orihuela Rodríguez, egresado de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enfatiza que este mecanismo no es solo un ajuste técnico, sino una reconfiguración indispensable ante los desafíos de la economía interconectada, la cual exige una visión estratégica para proteger los intereses del país.
Las empresas con presencia en diversas naciones y una sede central decisoria han empleado históricamente estrategias para mover sus ganancias hacia territorios con cargas tributarias reducidas. Aunque en muchos casos este proceder es legal, merma la captación de recursos en las regiones donde realmente se despliegan las operaciones productivas.
Para mitigar este fenómeno, la OCDE propuso una tasa efectiva del 15% sobre las utilidades de los grupos empresariales con ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros. Este esquema, denominado “Pilar Dos”, busca frenar la competencia desleal entre naciones y promover una contribución más equitativa a escala mundial.
México ha manifestado su intención de adherirse a este marco; sin embargo, su implementación en el ordenamiento jurídico nacional continúa en curso. Este retraso conlleva riesgos latentes, ya que terceros países podrían percibir los cobros complementarios que la federación dejaría de recibir si no actualiza sus disposiciones hacendarias a tiempo.
“Si México no adecúa su normatividad conforme a estos estándares internacionales, no solo podría perder ingresos potenciales por recaudación, sino también competitividad frente a mercados globales que han avanzado en su ejecución”, señaló Orihuela Rodríguez. En este panorama, la nueva política redefine la forma en que los Estados compiten para captar inversión extranjera.
Más allá de los incentivos tributarios, factores como la infraestructura, la seguridad jurídica y la estabilidad financiera cobran relevancia. Asimismo, potenciar sectores estratégicos, como las energías limpias y la logística, será determinante para mejorar la posición del país en el ámbito foráneo.
“Es fundamental impulsar una reforma integral, fortalecer la infraestructura, garantizar el Estado de derecho y mantener una salud económica sólida. Estas acciones ayudarán a diversificar las fuentes de ingreso y a proyectar una imagen de certidumbre ante el mundo”, concluyó el contador Garza.
