PACHUCA DE SOTO, 6 DE NOV /NEWS HIDALGO/.- El presupuesto, los vehículos, el personal y los medios de comunicación del gobierno no deben utilizarse para promover candidaturas, buscar la continuidad en un cargo o atacar a adversarios políticos, advirtió el secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales, al dar a conocer medidas preventivas de imparcialidad en el servicio público rumbo al proceso electoral 2026-2027.
A través de una circular, el funcionario estableció que la vigilancia de los recursos públicos debe realizarse desde antes del inicio de las precampañas y campañas, por lo que los Órganos Internos de Control deberán prevenir, documentar e investigar posibles irregularidades en cuanto tengan conocimiento de hechos o indicios.
El documento instruye a los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo estatal y solicita la colaboración de las contralorías municipales y otros entes públicos, respetando su autonomía y ámbitos de competencia.
Entre las conductas que deberán prevenirse se encuentra el uso de vehículos oficiales, combustible, oficinas, contratos y personal gubernamental para actividades proselitistas, así como el condicionamiento de obras, apoyos, empleos o servicios a cambio de respaldo político.
También se contempla la utilización de padrones y datos personales con fines partidistas, además del pago, producción o difusión de publicidad, videos y campañas de desprestigio financiadas con recursos públicos, incluso cuando se realicen mediante terceros o plataformas digitales.
La circular establece que cuando un funcionario haga pública su aspiración a la reelección o su registro en un procedimiento partidista, deberá reforzarse la vigilancia de los recursos bajo su responsabilidad. Aclara que aspirar a una candidatura no representa por sí mismo una irregularidad, pero tampoco permite utilizar el cargo para obtener ventajas electorales.
Asimismo, señala que conferencias de prensa, inauguraciones, recorridos, informes y publicaciones en cuentas oficiales deben responder a una finalidad pública. La crítica política y la rendición de cuentas están protegidas, por lo que cada caso deberá analizarse de acuerdo con su contenido, contexto y recursos utilizados, sin recurrir a la censura previa.
Otro de los puntos establece que los Órganos Internos de Control deberán atender quejas y valorar información difundida en medios de comunicación y redes sociales cuando existan elementos que puedan constituir faltas administrativas, sin descartar indicios por el simple hecho de que no exista una denuncia formal.
Además, advierte que los servidores públicos responsables de vigilar el uso de los recursos también pueden incurrir en responsabilidades si, teniendo conocimiento de posibles irregularidades y facultades para actuar, omiten injustificadamente prevenir, investigar, denunciar o dar seguimiento a los casos. Estas responsabilidades deberán acreditarse mediante el procedimiento legal correspondiente.
Como parte de estas acciones, la Secretaría de Contraloría brindará orientación y capacitación en materia de blindaje electoral en el ámbito de la Contraloría Social, con el propósito de fortalecer la vigilancia del presupuesto y garantizar que las obras, programas y servicios continúen conforme a sus reglas, sin condicionamientos políticos.
“El mensaje es claro: el dinero del pueblo debe atender las necesidades de la gente. Ninguna aspiración electoral está por encima de esa obligación”, puntualizó Álvaro Bardales.
