Municipios

Reduce gobierno de Tulancingo deuda adquirida por otras administraciones

TULANCINGO DE BRAVO, 01 SEP/News Hidalgo/.- La actual administración municipal de Tulancingo que encabeza el alcalde Fernando Pérez, redujo la deuda que tenía el ayuntamiento, al canalizar durante su gestión más de  24 millones de pesos, ante el endeudamiento de gobiernos anteriores.

En septiembre del 2016 se recibió el actual gobierno con una deuda de 64 millones 573 mil 259 pesos y a cuatro años de distancia, el margen de adeudo es de 40 millones 625 mil 555 pesos.

El presidente Fernando Pérez Rodríguez dijo que al prevalecer la austeridad, ingeniería financiera y el haber concretado una reestructuración financiera, este gobierno logro esta importante disminución.

Esa reestructuración fue aprobada por el Ayuntamiento local y su propósito fue disminuir el costo financiero de dos líneas de crédito contratadas por las dos administraciones que antecedieron a la actual.

Esas líneas de crédito fueron adquiridas para la construcción del Centro Cívico Social así como el Programa de Modernización Catastral.

El saldo actual, se dijo, es manejable con la reestructuración y posibilita una carga menor, pues se pagan menos interés sobre el capital.

Los programas de austeridad, han permitido avanzar en el tema económico y no han implicado que las dependencias estén sin lo necesario para prestar los servicios puntualmente.

El ejecutivo local consideró que el gobierno avanza favorablemente para tener finanzas sanas e incluso las autoridades que entren en funciones el 5 de septiembre y las que sean elegidas en fecha próxima podrán trabajar con mayor desahogo financiero.

Una de las mayores evidencias de que hay avances, es que, al haber mejorado la situación económica, el municipio ya es sujeto de crédito.

En el caso de la deuda para la construcción del Centro Cívico Social, se procuró que se liquidará sin que el ayuntamiento fuera afectado en el presupuesto que recibe cada año.

Al ser institucionales, los compromisos de deuda pública, deben cubrirse por las autoridades entrantes, tal y como aconteció en el 2016, con la actual administración.

 

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