Política

Respeto a los derechos laborales, prioridad para Fayad

PACHUCA DE SOTO, 01 MAY/News Hidalgo/.- Con el objetivo de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores, además de mantener la integridad de la fuerza laboral ante la emergencia sanitaria, la titular de Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la informó que se han recibido 111 denuncias para llevar a cabo inspecciones a centros laborales.

La secretaria del Trabajo explicó que ha sido instrucción del gobernador Omar Fayad vigilar que se respeten los derechos de las y los trabajadores durante la emergencia sanitaria, por ello la STPSH ha realizado 71 inspecciones laborales de las cuales en 12 centros se constató realizan una actividad esencial; en tanto en 59 centros laborales llevan a cabo una actividad no esencial, por lo cual se les exhortó a suspender actividades.

Asimismo se seguirá el procedimiento administrativo sancionador a 3 empresas las cuales se negaron a suspender sus actividades, no obstante que no son esenciales.

La titular de la STPSH subrayó que la dependencia estatal realiza dichas inspecciones en auxilio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal.

Manifestó que aquellos centros laborales que continúan en funcionamiento debido a que realizan actividades esenciales, según el acuerdo realizado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, emitido el pasado 31 de marzo, deben cumplir con las medidas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud del Gobierno de México en la Guía de Acción para Centros de Trabajo ante el virus SARS-COV-2 (Covid-19).

La encargada de la política laboral estatal puntualizó que aquellos centros de trabajo que se nieguen a suspender sus actividades, por no ser esenciales, pueden ser multados con 21 mil 720 pesos, hasta 434 mil 400 pesos, además de dar vista al Ministerio Público y a la autoridad sanitaria correspondiente.

Eguiluz Tapia exhortó a patrones así como a trabajadores a realizar acuerdos en los que se establezcan las modificaciones a la relación laboral y ratificarlos ante las instancias de justicia laboral con la finalidad de evitar la pérdida del empleo.

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