Blindan a los 84 municipios de Hidalgo contra el uso de recursos públicos con fines electorales
SAN AGUSTÍN TLAXIACA, 11 NOV /NEWS HIDALGO/.- Rumbo al proceso electoral de 2027, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Hidalgo puso en marcha una estrategia integral de «blindaje electoral» para evitar que los programas sociales, la obra pública y los fondos estatales sean utilizados con fines político-electorales.
La iniciativa, impulsada por el contralor estatal Álvaro Bardales en coordinación con especialistas de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, arrancó con la capacitación del personal de la Dirección de Contraloría Social para garantizar que la actuación gubernamental se mantenga bajo los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
Capacitación clave a los 84 municipios
Como parte central de este esquema preventivo, la Contraloría convocó para el próximo 19 de noviembre a las y los 84 titulares de los Órganos Internos de Control de todos los municipios de la entidad.
El objetivo es dotar a los auditores locales de criterios técnicos y herramientas legales que les permitan detectar oportunamente eventuales anomalías, así como diseñar mecanismos eficaces para canalizar las denuncias o manifestaciones de la ciudadanía.
Para reforzar la vigilancia en el territorio estatal, la dependencia mantendrá operativos 84 buzones fijos de Contraloría Social —uno por cada municipio—, a través de los cuales la población podrá reportar cualquier irregularidad en el manejo de programas u obras públicas.
La Secretaría de la Contraloría precisó que estas medidas tienen un carácter estrictamente preventivo y de control administrativo. En caso de que se detecten conductas que constituyan un delito electoral, la investigación y persecución corresponderá a las instancias competentes: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGJEH en el ámbito local, y la FISEL (de la FGR) en la jurisdicción federal.
Con estas acciones, la administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar busca blindar la estructura municipal y estatal, asegurando la rendición de cuentas y el manejo escrupuloso del dinero público previo a la contienda electoral.
