La magistrada presentó esta propuesta durante su participación en el encuentro internacional “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Casina Pío IV de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en Ciudad del Vaticano.
En su intervención, Aladro Echeverría, quien también se desempeña como vicepresidenta del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU), capítulo México, destacó que el reconocimiento del derecho a un clima sano como un derecho humano autónomo, interdependiente e intergeneracional requiere fortalecer las herramientas jurídicas con las que las personas juzgadoras atienden los efectos del deterioro ambiental.
Entre las acciones planteadas para Hidalgo se encuentra la colaboración con especialistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, a fin de compartir instrumentos jurídicos y criterios relevantes, como la Opinión Consultiva OC-32/2025, para ampliar el conocimiento y la aplicación de estos estándares en el ámbito judicial.
Asimismo, propuso establecer mesas de trabajo con personas juzgadoras locales para analizar cómo los daños al medio ambiente pueden repercutir en casos de distintas materias, entre ellas la civil, familiar, mercantil y administrativa.
La iniciativa también contempla establecer un eje permanente de capacitación judicial en justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático, con especial atención a las condiciones de vulnerabilidad, los derechos de las futuras generaciones y el acceso efectivo a la justicia.
“Ninguna persona juzgadora puede aplicar lo que en realidad no conoce”, afirmó la magistrada al subrayar que la formación especializada es fundamental para traducir los nuevos estándares ambientales en una impartición de justicia cercana y efectiva.
Aladro Echeverría sostuvo que el Poder Judicial debe considerar la protección del medio ambiente como parte de la defensa de los derechos humanos, bajo una visión progeneracional que tome en cuenta las condiciones que se dejarán a niñas, niños y jóvenes, así como la posibilidad de que las generaciones futuras ejerzan plenamente sus derechos.
El encuentro reunió a especialistas y representantes de órganos judiciales nacionales e internacionales, entre ellos Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU; Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco, integrantes de la Junta Académica Fundadora del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, así como Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También participaron magistradas, magistrados, juezas y jueces de cortes constitucionales, supremas e internacionales, quienes abordaron los desafíos que representa la litigancia climática y la protección de los derechos humanos ante los efectos del cambio climático.
Con esta propuesta, la titular del Poder Judicial de Hidalgo planteó fortalecer la preparación de las personas juzgadoras frente a los desafíos ambientales y avanzar hacia una justicia que incorpore la protección del entorno, los derechos humanos y la responsabilidad con las generaciones futuras.
