EPAZOYUCAN, 09 OCT /NEWS HIDALGO/.- La expansión urbana descontrolada en la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma ha encontrado una nueva y preocupante veta: la voracidad inmobiliaria que ya no respeta ni las zonas geográficas accidentadas, ni los límites ecológicos.
Ante la alta demanda de vivienda y la escasez de opciones reguladas, diversas empresas dedicadas a la lotificación han comenzado a ofrecer terrenos a bajo costo, fraccionando de manera irregular hasta en las faldas de los cerros y zonas semiáridas, dejando a su suerte a cientos de compradores que adquieren problemas en lugar de patrimonio.
A través de redes sociales, las ofertas se multiplican con ganchos irresistibles: terrenos de distintas dimensiones que se llegan a ofertar desde los 60 mil pesos, con facilidades de pago aparentes. Sin embargo detrás de estos precios accesibles se esconde una práctica comercial agresiva que evade las regulaciones de desarrollo urbano y pone en riesgo el equilibrio ecológico y la sustentabilidad hídrica de la región.
A estas «empresas inmobiliarias» poco les importa que los predios se sitúen en zonas donde la introducción de infraestructura básica —como red de agua potable, drenaje, electrificación y vialidades pavimentadas— es técnica y financieramente inviable a corto y mediano plazo.
Los estragos de esta especulación inmobiliaria ya se resienten en puntos específicos como El Picacho y Las Palomas, ubicados en las faldas del emblemático Cerro del Tecajete, en el municipio de Zempoala. De igual forma, la problemática se extiende a zonas rurales y ejidales de Epazoyucan, como en los alrededores de Xochihuacán, donde la venta de lotes rústicos se promueve sin ninguna garantía de servicios elementales.
Quienes adquieren estos lotes con la ilusión de construir un patrimonio familiar ignoran la dura realidad que enfrentarán: zonas desprovistas de agua potable, carentes de sistemas de saneamiento y alejadas de las rutas de recolección de servicios municipales.
Mientras los desarrolladores obtienen jugosas ganancias y se desentienden de la postventa, son las autoridades locales y, sobre todo, la ciudadanía, quienes terminan cargando con el problema. Las familias que optan por habitar estos asentamientos irregulares terminan padeciendo severas crisis por la falta diaria de agua, obligadas a depender de pipas y a vivir en condiciones de vulnerabilidad urbana, mientras los mantos de agua y el entorno natural de los cerros sufren un impacto ambiental irreversible.
La falta de una fiscalización estricta por parte de las instancias correspondientes permite que este modelo de «urbanización de ocurrencia» siga operando impunemente en Hidalgo, hipotecando el futuro de los recursos naturales y engañando a bolsillos vulnerables con promesas de lotes que nacen condenados al abandono institucional.
